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La revolución digital en los servicios públicos
La aplicación de las TIC (Tecnologías de La Información y la Comunicación), está transformando los servicios públicos y la forma en que el ciudadano se relaciona con la Administración. La pandemia de COVID-19 ha actuado como acelerante de los procesos de desarrollo tecnológico que ya estaban en marcha.
“La digitalización es la nueva revolución industrial. Cambia la forma del trabajo, del consumo, de la cultura y hasta de la vida privada que se introduce en las redes. El adecuado tratamiento de los datos permite mejorar la eficiencia (…) pero también implica retos para el Estado de Derecho”. Plan Justicia 2030, Ministerio de Justicia del Gobierno de España
La modernización de la administración de Justicia se inició en España en 2001, con la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, y las leyes que se aprobaron posteriormente: en 2003, que estableció el derecho de los ciudadanos a comunicarse por medios telemáticos con la administración de Justicia, y en 2011, para regular específicamente el uso de las TIC en el ámbito judicial.
En 2011 comenzó a implantarse, como experiencia piloto, el sistema de Expediente Judicial Electrónico en los órdenes jurisdiccionales de contencioso-administrativo y social de la Audiencia Nacional. Actualmente se están tramitando en el Parlamento tres leyes de eficiencia judicial (organizativa, digital y procesal) que definen el marco de lo que aspira a ser la administración judicial del siglo XXI, y que se recoge en el Plan Justicia 2030. Se trata de una estrategia de Estado aprobada en 2020, y respaldada posteriormente por los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia con diferentes proyectos país.
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Anatomía de un nuevo formato
En síntesis, el diagnóstico y punto de partida del Plan Justicia 2030 es que la organización y funcionamiento de la administración judicial ya no responde a las necesidades y retos de la sociedad actual, más compleja y en pleno “cambio de ciclo”, marcado por la transición ecológica y la digitalización. Esta complejidad genera un crecimiento constante de la litigiosidad (volumen de pleitos), que el aumento de recursos humanos y materiales no resulta suficiente para resolver con rapidez.
“Se persigue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. (…) Poner en marcha este ambicioso y profundo proyecto de reforma constituye una auténtica cuestión de Estado”. Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, 28 de mayo de 2001
Así, según el Plan Justicia 2030, las causas de las ineficiencias radican, pues, en factores estructurales, como una organización judicial “poco flexible” y demasiado “compartimentada”, con “normas y procedimientos desactualizados” y que no están “alineados” con el Derecho europeo.
A ello se añade el reto de la cogobernanza: en un Estado descentralizado como España, con 17 comunidades más dos ciudades autónomas, doce tienen transferidas las competencias en justicia: Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Asturias. El resto siguen estando en manos del gobierno central (“territorio Ministerio”).
Esto se traduce, por ejemplo, en la existencia de siete sistemas diferentes – y no interoperables – para la gestión procesal. En ese sentido, Ineco está involucrado en la interoperabilidad, uno de los “proyectos país” de Justicia 2030, cuyo objetivo es construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables, no sólo entre ellos dentro del ámbito judicial, sino también con el resto del ecosistema digital de Justicia.
Cifras de la Justicia española | |
⚖ Más de 254.000 empleados públicos: ⚖ 115.000 abogados, 11.000 procuradores, 3.000 notarios y 1.100 registradores. ⚖ 3.627 juzgados de Primera Instancia e Instrucción y 7.600 juzgados de paz. | ⚖ 6,6 millones de nuevos asuntos judiciales en 2022, un 6,5 % más que el año anterior. ⚖ 6,4 millones de asuntos resueltos en 2022. ⚖ 3,3 millones de pleitos pendientes de resolución a 31 de diciembre, un 7,9 % más que en 2021. |
Fuente: Consejo General del Poder Judicial | |
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Algunos cambios buenos
La modernización tiene pues, tres vertientes- tecnológica, organizativa y procesal- estrechamente interconectadas, cada una de las cuales se regula y define mediante las tres leyes en tramitación.
La reforma organizativa busca reducir la dispersión territorial y la compartimentación de recursos y funciones actual. Se basa en un nuevo modelo, la Oficina Judicial en lugar del tradicional juzgado, y en la implantación de los Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, lo que reducirá el número actual de más de 3.600 juzgados a 431, una cifra más aproximada a la de países como Italia, Francia o Alemania. Además, serán órganos colegiados y no unipersonales, lo que permitirá redistribuir la carga de trabajo.
En los municipios más pequeños, las Oficinas de Justicia sustituirán y mejorarán los servicios que ofrecen actualmente los 7.600 juzgados de paz, creados en el siglo XIX. El nuevo modelo dará servicio a unos 14 millones de habitantes de toda España.
En cuanto a la reforma procesal, el objetivo es simplificar y optimizar los procedimientos en todas las etapas del proceso, con medidas como la mediación no judicial (para reducir el número de pleitos); asignar a los fiscales las funciones investigadoras en un proceso junto con la creación de las nuevas figuras del juez de garantías y el juez de la audiencia preliminar; y mejorar la localización y gestión de bienes intervenidos.
La tercera pata de la modernización judicial es la digital, que proporciona el soporte tecnológico para las otras dos, y supone un cambio completo de paradigma, en el que lo que importa es el dato, no el documento físico.
El objetivo es que el nuevo entorno digital se traduzca, en la práctica, en trámites y procesos más rápidos y sencillos, tanto para los ciudadanos como para los operadores judiciales, con la consiguiente mejora de la eficiencia del sistema en su conjunto.
Alcanzar esta meta supone un proceso de gran complejidad del que Ineco forma parte desde hace siete años, con un equipo que actualmente suma más de 500 personas. Presta distintos servicios en gran variedad de iniciativas, bajo la batuta de la actual Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.
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Tecnología en el estrado
La compañía tiene a su cargo diversas oficinas de apoyo a la gobernanza TIC y soporte a la gestión de proyectos y servicios, el control de desempeño de proveedores, gestión del cambio y el Centro de Desarrollo de plataformas corporativas y aplicaciones, entre otras. Además, se ocupa de la digitalización y catalogación de expedientes judiciales, de un laboratorio de innovación tecnológica y de un apoyo técnico en el ámbito de la ciberseguridad.
La transformación digital de la Justicia tiene como epicentro el Expediente Judicial Electrónico. En 2016, Ineco empezó a trabajar en su evolución, y en otros muchos desarrollos tecnológicos relacionados, como la adaptación de la plataforma ACCEDA para el acceso de los profesionales a la documentación electrónica, y las mejoras y actualizaciones del Visor de expedientes judiciales Horus.
Otra iniciativa clave en la que colabora Ineco es el EVID (Escritorio Virtual de Interacción Digital), una herramienta web que comenzó a implantarse en 2020 como un sistema de inmediación digital para las vistas telemáticas y que gracias al sistema de identificación y firma electrónica Cl@ve Justicia, hace posible la presencia digital. Dicho de otra forma, permite la relación entre el ciudadano y el funcionario a través de un sistema de videoconferencia segura.
Más recientemente, la Audiencia Nacional también ha sido pionera en las pruebas piloto del proyecto “Quioscos biométricos”, realizadas en 2022, en las que también ha intervenido la compañía, y que consisten en el uso de reconocimiento facial como sistema de personación en una sede judicial para la realización de trámites, el cumplimiento de medidas cautelares o la recuperación de documentos de forma electrónica.
En 2022 se realizaron más de 444.000 actuaciones de interacción digital, que ahorraron 8.880 km. de desplazamientos y beneficiaron a más de 320.000 personas; se textualizaron unas 600.000 vistas y se registraron más de 93.000 accesos al Expediente Judicial Electrónico. Fuente: Avances Transformación Digital de la Justicia, Ministerio de Justicia, octubre 2022
En cuanto a la robotización de procesos, en 2021 la compañía llevó a cabo la cancelación masiva automática de antecedentes de un cuarto de millón de ciudadanos que ya han cumplido con su responsabilidad penal, lo que supuso un ahorro más de 7.000 horas de trabajo del personal funcionario, que ha podido dedicar su tiempo a tareas menos mecánicas y de mayor valor añadido.
Otra herramienta “inteligente” en la que también está trabajando Ineco es la textualización de las grabaciones de las salas de vistas, es decir, la transcripción a texto de las grabaciones de video o audio de juicios, vistas y comparecencias; transcripciones que a través del Visor Horus se incorporan al Expediente Judicial Electrónico. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en 2021 en la Comunidad de Madrid; ya se ha implantado en todo el “territorio Ministerio” y está en curso en el resto.
El intercambio de información entre los diferentes sistemas y bases de datos es otro factor fundamental para agilizar el engranaje judicial. Ineco trabaja en proyectos como la migración tecnológica de Minerva, (el sistema de gestión procesal común implantado en el “territorio Ministerio”) al nuevo Atenea. Totalmente compatible con su antecesor, pero sensiblemente mejorado desde una perspectiva tecnológica y de usabilidad, comenzó en 2019 con un plan de implantación que tiene prevista su culminación en 2024.
La compañía también trabaja desde 2016 en el desarrollo y progresivo despliegue de SIRAJ, el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Actualizado en 2022 a la versión SIRAJ2, unifica los siguientes registros centrales: sentencias firmes de menores, penados, delincuentes sexuales y trata de seres humanos, medidas cautelares, protección a las víctimas de violencia doméstica y rebeldes civiles.
Por otro lado, el sistema ECRIS (European Criminal Record System), que interviene como el sistema estándar de intercambio de antecedentes penales de la Unión Europea, en su tercera fase de despliegue permite también el intercambio de huellas dactilares con ocho países europeos. Su versión más reciente, ECRIS 2, se implantó en junio de 2022, y ha sido desarrollada íntegramente por Ineco, siendo además España el país de la Unión Europea que ha liderado este proyecto. Por último, a partir de mediados de 2023 se prevé ampliar el proyecto a nacionales de terceros países condenados en Europa, lo que representaría todo un hito en el intercambio de antecedentes penales.
